Fuerte advertencia de la Policía de Córdoba por la difusión de fotos de procedimientos
En un memorándum interno (N°076), la Policía de Córdoba le recordó a los jefes de la fuerza que está «prohibida» la toma y viralización de fotografías en hechos delictivos y procedimientos.
Luego de que, hace unos días, se viralizaran las fotografías de lo sucedido con un hombre al que le fue amputado el pene en departamento de Córdoba capital, la Policía volvió a recordar y advertir que es es «pasible de sanción disciplinaria».
La nota está dirigida a los jefes de departamento, jefes de división, oficiales superiores y jefes.
Allí, se imparten directivas para la reiteración de que «está terminantemente prohibido la utilización de redes sociales, como así también el mal uso del teléfono celular en los lugares donde se haya producido un hecho de carácter delictual a los fines de evitar la viralización de las tomas fotostáticas de lo acontecido, como la retransmisión de partes de novedades a grupos de WhatsApp», dice el comunicado.Y agrega: «El no cumplimiento de lo ordenado será pasible de sanción disciplinaria correspondiente».
Quinteros
El jueves, el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros, en una nota al presidente de la Unicameral, había «instado a los órganos del Estado, en todos sus niveles, para que, en los procedimientos que lleven a cabo en el cometido de sus tareas, el personal interviniente evite la toma de imágenes que luego puedan ser hechas públicas, y cuya difusión puedan afectar la honra, la reputación, la vida privada y familiar de las personas, con excepción de aquellas que oficialmente se deban realizar».
«En los últimos días hemos asistido en Córdoba a un auténtico ‘festival del morbo'», dijo.
«La proliferación de imágenes en torno a un lamentable y sangriento hecho acaecido en nuestra ciudad, dejaron, una vez más, expuestas cuestiones que deben ser atendidas con premura y responsabilidad. No basta con intentar explicar que es ‘imposible parar el fenómeno de las redes sociales’, ya que, sin dudas, esta cuestión excede a nuestra pretensión en este proyecto», dijo Quinteros.
«Lo que se intenta es diseñar una política tendiente a impedir que sean agentes públicos, que por sus funciones tienen acceso a los lugares donde ocurren los hechos en razón a la asistencia de las víctimas, a la aprehensión de personas o a la búsqueda y recolección de pruebas, o a la simple custodia de los espacios, entre otras, sean quienes tomen y difundan imágenes con las consecuencias de las que luego todos somos partícipes y testigos», agregó.
