Buscan regular tarifas de electricistas matriculados
Provincia y Ersep admiten que hay valores abusivos. Piden que la gente denuncie en el ente regulador y que compare presupuestos.
Esteban es del interior de la provincia y tiene un departamento en Colón y General Paz de un dormitorio. Necesitaba, por cambio de inquilino, un certificado de “apto eléctrico”. Llamó a un electricista habilitado, quien inspeccionó y detalló todo lo que había que cambiar: tablero general, diferencial termomagnético, térmicas, cableado puesta a tierra, llaves y portalámparas. Le presupuestó de mano de obra más el famoso certificado: 13 mil pesos y 5.450 pesos en materiales.
“Averigüé en otros lados y es el promedio de lo que están cobrando cuando no se tiene todo en regla, parece demasiado”, dice el propietario.
Casos similares, e incluso con costos mayores y hasta insólitos, se replican en toda la provincia desde que se puso en marcha, el primer día de diciembre, un requisito clave dispuesto en la Ley de Seguridad Eléctrica: que todas las nuevas propiedades o aquellas usadas que soliciten un nuevo medidor ante Epec o las cooperativas del interior presenten un certificado de “apto eléctrico”.
Ese certificado es expedido por un profesional específico, quien se hace responsable de que ese inmueble cumple con las condiciones de seguridad que fijó la ley (ver aparte).
“Es cierto que se están registrando abusos, estamos viendo cómo regularlos”, admite el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Fabián López.
El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) es quien ha intervenido en la aplicación de la ley 10.281. Para eso, en un proceso que se inició a principios de 2016, se capacitaron a los electricistas: a los de oficio se les otorgó el certificado de “idóneos” (categoría III) y a los profesionales y técnicos, categorías I y II. Hasta el momento, hay 15.130 electricistas habilitados categorías I y II, que son los profesionales y técnicos y 3.976 los categoría III, contratados típicamente para casas de familia, con proyectos de hasta 10 kilovatios de potencia. La habilitación implicó un programa de capacitación para darle tranquilidad a quien contrate al electricista.
El Ersep fijó en 500 pesos la tarifa orientativa para inspeccionar y expedir el certificado, suponiendo que el inmueble no requiere ninguna intervención. “Pero habilitar una vivienda significa ponerla en condiciones, la mayoría no cumple nada y eso requiere trabajo”, explica Héctor Díaz, titular de la Asociación de Electricistas Profesionales de Córdoba. No obstante, en la entidad también creen que hay profesionales que están cometiendo abusos. La Asociación recomienda en una inspección, en la que hay hacer el dibujo de las bocas y del tablero, calcular la potencia de carga y verificar la puesta a tierra, 1.500 pesos para una vivienda de un dormitorio.
Sin embargo, están los que cobran tres mil por sólo ir a inspeccionar y, luego, completar la documentación que exige el Ersep.
Pero los costos se disparan porque, sobre todo en las viviendas usadas, siempre hay que cambiar algo. En el interior de la provincia, también se están registrando casos de precios abusivos. “El Ersep no regula las tarifas que se pueden cobrar, tampoco hay poder de policía que controle a los matriculados en función de la idoneidad en el trabajo”, se queja Luis Castillo, titular de Fecescor, la entidad que agrupa a 110 cooperativas del interior.
¿Se puede hacer algo?
“Lo primero que recomendamos a la gente es que busque otro presupuesto, que no se quede con uno solo”, dice Pablo Gabutti, gerente general del Ersep. Como la incorporación de nuevos electricistas habilitados es permanente, Gabutti cree también que con mayor oferta habrá más competencia y, por ende, bajarán los precios.
En la página del Ersep, hay un buscador de profesionales matriculados. Pide que la gente haga la denuncia en el Ersep si considera que el habilitado ha hecho mal el trabajo o está cobrando en exceso. El organismo audita primero de manera digital (ya que todos los datos están en el sistema) y, si es necesario, realiza inspecciones.
“Esto es una oportunidad para ellos; si los abusos se extreman, la contrarrespuesta puede ser extrema también y que se genere una situación que no les sirva a ellos”, avisa Gabutti. “No podemos imponer una tasa coercitiva, no somos autoridad sobre los electricistas”, admite.
No obstante, aseguró que se está abordando “activamente” la situación y evaluando cómo proceder. No hay otras jurisdicciones con una ley similar de las que se puedan copiar experiencias.
Fuente: La Voz del Interior
