El ex Comisario de Morteros, Rubén Caporalli implicado en acoso laboral
El juez de Primera Instancia de San Francisco, Andrés Peretti, dispuso la restricción de acercamiento “recíproco” entre el comisario inspector Rubén Caporali y el comisario Ariel Figueroa con la sargento Mariela Chávez, en el marco de una causa por supuesto mobbing o acoso laboral.
Por lo tanto, ahora las autoridades de la Departamental San Justo de la Policía de la Provincia de Córdoba deberán disponer medidas para que no trabajen juntos.
Chávez había denunciado hostigamiento laboral por padecer obesidad y discriminación por su condición de mujer.
La sargento tiene 34 años, dos hijos y es oriunda de San Francisco. Ingresó a la fuerza policial hace 10 años y se desempeña en el Centro de Control Operativo (CCO) de la Departamental San Justo. En el contexto de la denuncia, señaló que padece un problema de hipotiroidismo, que sería el causante de su enfermedad.
La medida judicial
Peretti resolvió “disponer por el plazo de seis meses a computar desde la notificación de la medida, la prohibición recíproca entre comisario inspector Rubén Caporali y el comisario Ariel Figueroa y Mariela Chávez, de presencia en el domicilio o residencia, estudios, de esparcimiento, u otros lugares que frecuenten”, cita textualmente.
También impide a Caporali y Figueroa “todo tipo de comunicación, por cualquier medio, verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar y que implique tomar contacto entre sí, todo bajo apercibimiento del artículo 239 del Código Penal y 17 de la Ley 10.401 (Ley de protección Integral a la Víctimas de Violencia de Género)”.
Además, el juez intima a los dos comisarios “al cese inmediato de la violencia directa y/o indirecta de carácter institucional, psicológica, laboral, y/o económica/patrimonial que se estuviere ejerciendo sobre la señora Chávez”.
Insta a la Policía de la provincia para que “arbitre los medios necesarios que compatibilicen la jornada laboral” de Caporali, Figueroa y Chávez “en atención a las medidas cautelares ordenadas”. Es decir, que no pueden tener contacto de ningún tipo entre ellos en el ámbito laboral.
Por otra parte, estableció que la Policía debe garantizar que “la denunciante no vea mermados sus ingresos económicos y que mantenga su posición de trabajo mientras duren las medidas preventivas dispuestas por este Juzgado”
La denuncia
Chávez había denunciado que “en reiteradas conversaciones extraoficiales con el personal, el mismo Caporali ponía de manifiesto un claro distanciamiento al personal que cumplimos funciones en las dependencias no operativas, denominadas oficinas. Lo cual no es cierto, porque desde mi función específica, el control de móviles, de cámaras de seguridad y del botón antipánico, son funciones complementarias e inseparables de las operativas cien por ciento”.
Y agregó que “(Caporali), siempre de modo despectivo, se manifestó en contra de las persona que comen carbohidratos, exponiendo su postura en cada oportunidad que puede”.
“Similar comportamiento tiene el comisario Figueroa quien comenzó a llamarme ‘gordita’ de una forma llamativa, inadecuada y que no era para nada amigable o (en condición) de compañero de trabajo, en especial por no tenerle confianza y porque al provenir de otro destino, no tengo relación alguna”.
“Decile a la gorda esa que saque el móvil a la calle”, contó Chávez que en una oportunidad se refirió a ella el comisario Figueroa, al llamar al teléfono de emergencias 101 y ser atendido por una sargento.
También recordó que en una ocasión, en el puesto de control sobre avenida Maipú, Caporali le expresó a un empleado municipal: “Viste cómo en la Policía las mantenemos bien alimentadas”, en relación a Chávez, lo que ella consideró “un acto discriminatorio por mi obesidad”.
Fuente La Voz de San Justo
