Megaevasión con facturas truchas en Córdoba: procesaron al líder y Anticorrupción investigará a intendentes
La resolución de Bustos Fierro
También procesó, sin prisión preventiva, a su hermana, Natalia Soledad Vieyra Ferreyra (autora de la asociación ilícita y alteración dolosa); y a Ruth Noemí Díaz; Eduardo Enrique Mansilla; María Belén Gómez; Damián Gabriel Olivieri Brizuela; Martín José Dus; Sebastián Toranzo, y Jorge Daniel Cuevas, todos por asociación ilícita fiscal.
Sobreseyó, por su parte, a Cristian Debarre; a la empleada doméstica Silvina María Valeria Rincón; a Edsel Daniel Destefanis; a María José Martínez Pizzichini; a Paola Andrea Arévalo; a María Cecilia Dolores Ribera Ardiles; a Federico Carlos Dellamaggiore y a Germán Daniel Destefanis (por evasión mediante facturas apócrifas); a Mario Eduardo Morselli y a Augusto Boero (por evasión a través de facturas falsas y lavado), y a Jorge Daniel Cuevas (lavado).
A su turno, se suspendió la acción penal en contra de Mauricio Andrés Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento; también de Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri; César Eduardo Cappella; Óscar Luque; Fernando Sciarra Villalba; Patricio Rolando González; Leuterio Carlos Bonetto; Walter Ariel Ghione, y Andrés Pollano (todos por evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas), ya que se apegaron a la moratoria fiscal para regularizar su situación a la espera de su sobreseimiento.
Pero le dictó la falta de mérito a Sarmiento; a Cappella Sciarra Villalba; a Srur; a Mauricio Andrés Pinto; a Patricio González; a Bonetto, y a Toranzo, con relación al lavado. Sobre Mauricio Andrés Pizzi le dictó la excarcelación, que no se hará efectiva porque está con domiciliaria en otra causa, en la que se lo investiga a él y a otras personas por asociación ilícita fiscal (hay varios imputados reiterados en ambos expedientes).
El magistrado no resolvió la situación de Eduardo Gleser, Fernando Ricardo Lozano y Luciano Josué Córdoba (para los presuntos evasores sobre los que la Afip no haya concluido la fiscalización y que no registren planes de pagos vigentes o cancelados, no es posible determinar aún con exactitud la totalidad de los impuestos evadidos).
Tampoco resolvió el caso de Rodolfo Luis Tapiero, Pablo Darío Barbieri y Lucas Fernando Zoppetto (a la espera del fallo de la Cámara en otra causa). Finalmente, Jorge Héctor Sidero y Ricardo Alberto Rodriguez Díaz de Tuesta están prófugos.
El caso de los intendentes
La investigación recayó, también, sobre los intendentes de Saldán, Valle Canto, y de Mendiolaza, Salibi, en los hechos 91 y 92, que derivaron en que terminaran imputados por defraudación por administración fraudulenta agravada (en perjuicio de la administración pública).
Entre enero de 2018 y agosto de 2019, Valle Canto; su secretario de Gobierno, Daniel Osvaldo Barón; la contadora del municipio, Hebe Carolina Cristori; y terceros habrían sustraído de las arcas de la Municipalidad 9,6 millones de pesos.
Para lograrlo, según la acusación, habrían contabilizado en sus cuentas gastos ficticios por el pago de servicios que no habrían sido efectivamente prestados utilizando facturas apócrifas de varias personas, emitidas y entregadas por Natalia Vieyra Ferreyra, Diego Vieyra Ferreyra y otras personas no identificadas. De esta forma, las autoridades habrían defraudado a la Municipalidad de Saldán.
Por su parte, entre abril y agosto de 2019, Valle Canto, como intendente de Saldán y presidente de la Comunidad Regional Colón, y Salibi, como intendente de Mendiolaza y secretario General de la entidad, junto con otras personas, habrían sustraído 9,3 millones de pesos de la Comunidad Regional.
Para eso habrían contabilizado en sus cuentas gastos ficticios por el pago de servicios que no habrían sido efectivamente prestados mediante facturas apócrifas de dos personas, emitidas y provistas por los hermanos Vieyra Ferreyra y terceros.
Posteriormente, el fiscal amplió la acusación contra otros imputados (Dellamaggiore y Destefanis), ahora sobreseídos.
El juez consideró que, “aun cuando hay una vinculación” entre los hechos por los que fueron acusados Valle Canto, Salibi y los demás funcionarios, “y los hechos que habrían sido perpetuados por la asociación ilícita fiscal”, los delitos que se imputan no fueron realizados por funcionarios nacionales”.
“Y las administraciones presuntamente defraudadas –dijo Bustos Fierro– no pertenecen al Estado nacional, por lo tanto, los sujetos activos de los hechos 91 y 92 habrían realizado conductas que no afectan, prima facie, los intereses de la Nación”.
Así, declaró la incompetencia de la Justicia federal para entender en esos hechos. Una fuente judicial indicó a La Voz que será remitido el fallo a la Justicia provincial para que entienda el fuero Anticorrupción ordinario.
Evasión, “usinas” y “clientes”
Varios de los imputados habrían conformado la asociación ilícita para perpetrar varios delitos tributarios a través de la emisión y venta de facturas manuales o electrónicas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas (con o sin su consentimiento), o de personas jurídicas integradas por cualquiera de todos ellos, utilizando sus claves fiscales y sin tener la capacidad económica, en general, para brindar servicios y/o productos (“usinas”) o, en particular, los servicios y/o productos facturados (“usinas mixtas”).
Así, el mecanismo habría funcionado con una estratificación y diversificación de roles: desde el organizador, los prestanombres, los intermediarios y los vendedores.
A su vez, la banda habría actuado también copiando facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica a las cuales les habrían cambiado los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente.
La finalidad era generar crédito fiscal espurio y/o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Ganancias, y en parte para disimular la falta de capacidad económica de las propias “usinas” y “usinas mixtas” utilizadas para emitir facturas apócrifas, con excepción de los municipios y comunas (exentos de dichos impuestos) que aparecen entre los destinatarios de tales facturas.
El supuesto líder, Vieyra Ferreyra, se habría encargado de obtener por sí o por otras personas la Cuit y la clave fiscal de las “usinas” y “usinas mixtas”, emitir facturas electrónicas apócrifas desde su casa en barrio Residencial América, de la ciudad de Córdoba.
Habría coordinado la emisión desde otros domicilios y las habría vendido directamente o a través de intermediarios, a los “clientes” de la organización. Y habría acordado y fijado las comisiones a recibir de los “clientes” de las facturas por parte de los intermediarios y de los prestanombres para generar “usinas” –en caso que hubieran consentido al uso de su Cuit y clave fiscal– y los plazos de cobranzas.
También habría manejado la reposición de los cheques recibidos y rechazados, y las gestiones ante la Afip para demorar las fiscalizaciones y continuar con el uso de las “usinas” – cambio de domicilios fiscales, cambio de puntos de venta, presentaciones sistémicas, etc. – o para asegurar su mejor provecho por parte de sus “clientes” o “usuarios”.
La investigación, encabezada por los fiscales federales N° 1, Enrique Senestrari, y N °3, Maximiliano Hairabedian, a partir de dos denuncias penales –de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de Nahuel Ezequiel Mamóndez y Tomás Agustín Moreno Bresciani- permitió detectar 80 “usinas” y “usinas mixtas” entre el enero de 2018 y abril de 2020, cuando explotó el caso, de alto impacto mediático. En total, se habrían descubierto unos 600 “clientes” de las “usinas”.
Para la creación de las “usinas” o el uso de las “usinas mixtas”, Vieyra Ferreyra, en algunos casos, se habría contactado directamente con las personas utilizadas para emitir facturación apócrifa, obteniendo su Cuit y clave fiscal mediante engaños o bajo promesas de recibir una retribución monetaria.
De este modo, utilizando esa información habrían creado o usado personas jurídicas ya existentes, sin capacidad económica, para la emisión de la facturación apócrifa.
Asimismo, la banda se habría valido de otras sociedades integradas por socios ajenos a la organización, “usinas” o “usinas mixtas” pero con vinculación con los imputados. A partir de todas las “usinas”, entre enero de 2018 y abril de 2020, se habrían emitido 14.555 facturas electrónicas apócrifas por más de 1.700 millones de pesos, generando así un crédito fiscal espurio de 251,7 millones.
Las facturas apócrifas emitidas, posteriormente, habrían sido vendidas a los “clientes” de la organización, en algunos casos, presuntamente por el mismo cabecilla, y en otros a través de intermediarios.
En todos los casos, a cambio de esas facturas, los imputados habrían recibido de los “clientes” una comisión de entre el 10% y el 30% del valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del monto facturado, o tratándose de facturas tipo “C” (destinadas a crear gastos ficticios para incluir en las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de los “clientes”), un 10% del 35% del monto facturado, dependiendo de la cantidad de intermediarios en la operación, sumas que se habrían cobrado en efectivo o en cheques.
La banda habría generado un doble perjuicio: por un lado, fiscal, por la evasión de impuestos presuntamente cometida por sus “clientes”, y por otro, un daño para algunas “víctimas” de la organización que habrían perdido el control de sus claves fiscales, visto alterados sus registros ante la Afip y sujetos a fiscalizaciones y sanciones administrativas (ingreso a la base Apoc del fisco, suspensión o bloqueo de la Cuit).
Las ganancias obtenidas habrían sido objeto de operaciones de blanqueo a través de la compra/venta de inmuebles, vehículos, títulos y otros activos, lo que llevó a Senestrari a imputarles el lavado a varios imputados.
LA VOZ
