Se reunió la Mesa Interinstitucional de Derechos Humanos para las personas privadas de la libertad
La Mesa Interinstitucional para la Promoción y Protección de Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, se reunió de manera plena en la Sala Situación del Centro Cívico.
El encuentro presidido por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique, en el último mes del año, contó con la presencia de funcionarios de esa cartera, del Ministerio de Salud, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, del Servicio Penitenciario de la Provincia, del Colegio de Abogados, del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC y de la Iglesia.
Echenique valoró este espacio de diálogo y de trabajo conjunto creado en el año 2019 que ha permitido que los diferentes estamentos involucrados en la situación de encierro, puedan encontrar soluciones y mejorar las condiciones que hacen a la vida de las personas privadas de su libertad.
“Esta Mesa ha generado la posibilidad de un diálogo franco, hemos generado la confianza para interactuar a lo largo de los meses” destacó Echenique. “Cuando la responsabilidad es del Estado, el Estado es uno solo y estamos todos presentes en esta Mesa de trabajo conjunto” señaló la ministra. E instó a continuar este camino de diálogo y cooperación que ha dado resultados positivos desde su instauración.
También participó como invitado especial Julián López, ministro de Gobierno y Seguridad, quien durante los primeros años de la actual gestión de Gobierno encabezó la Mesa Interinstitucional como titular Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Durante lo que fue un diálogo descontracturado entre sus integrantes, la Mesa realizó un repaso de las acciones del año que tuvieron como protagonistas a representantes de diferentes sectores en vistas a garantizar los derechos de los internos e internas alojados en establecimientos penitenciarios y también de quienes se encuentran bajo prisión domiciliaria.
La secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Cecilia Lanzarotti, señaló los avances en la creación de un protocolo para el resguardo y seguridad de personas aprehendidas o detenidas en el Centro Psico Asistencial CPA, en el que participan el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público Fiscal.
También destacó la disposición tomada de prohibir de manera absoluta la sujeción de las personas gestantes, así como también la elección por parte de la interna que fuera a dar luz de dos personas de su entorno afectivo para su acompañamiento.
Entre otras acciones también se mencionó la capacitación “ABC de las drogas” para personal de la Dirección del Patronato del Liberado la cual ya lleva cuatro cohortes, y está a cargo de profesionales de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. El curso propone derribar los mitos en relación a las adicciones y los trastornos mentales asociados al consumo, así como de dotar de herramientas para hacer llegar a las personas un tratamiento que disminuirá las posibilidades de reincidencia y mejorará su calidad de vida.
Asimismo se habló sobre el standart internacional que se aplica a muertes en custodio, el Protocolo de Minnesota, al cual el relator especial de la ONU quien se encontró en nuestra provincia el mes pasado resaltó su implementación. El director del Instituto Médico y Genético Forense del TSJ, David Dib, mencionó que “somos la única provincia del país que por lo menos dos forenses firman las autopsias y en el caso de Minnesota agregamos otro”.
También se destacó las gestiones de los asesores letrados para garantizar el derecho a la educación de mujeres con prisión domiciliaria. “Tenemos las dos primeras egresadas del primario”, señaló Lanzarotti con satisfacción. Esto fue posible en virtud de un convenio que se realizó con el Ministerio de Educación para la terminalidad educativa.
Estas y otras acciones se abordaron durante la reunión que hacen a las condiciones de vida de las personas en situación de encierro y a sus posibilidades de reinserción social. Cerca del cierre el vocal Emilio Andruet subrayó “la amplitud del Ministerio y del Servicio Penitenciario que se abre para que lo miremos”.
Además de los mencionados, participaron de la Mesa el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker; los asesores letrados del Fuero Penal Mariano Brusa y Pablo Pupich; la jueza de Control de Lucha contra el narcotráfico, María Dolores Morales de Cáceres: la jueza de Ejecución Penal Rita Fonzalida; el fiscal de correccional Martín Berger; Dania Villanueva y Tristán Reyna Martínez del Colegio de Abogados de Córdoba: la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión de la UNC, Rossana Gauna y el padre Daniel Nardini.
También tomaron parte el jefe y el sub jefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier y Ceferino Sergio García; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Georgina Tavella; la secretaria de Justicia, Leticia Aguirre; el director de Políticas Penitenciarias, Pedro Yanzi Aspell; la directora general de Capacitación Penitenciaria, Sandra Chiavaro; la directora de Fortalecimiento Familiar, Liliana Gaitán; la directora general de Capacitación y Difusión de los Derechos Humanos en la Comunidad, Tamara Pez, y el subdirector de DD.HH. de las Minorías y Lucha contra la Discriminación Mauro Bologna.
