María Teresa Garay, jueza de Ejecución Penal de San Francisco «Todo el mundo se pregunta si los presos pueden o no tener celular»
La semana anterior, el Servicio Penitenciario de Córdoba se ubicó en el centro de una tormenta mediática y judicial por el escándalo que involucró 38 allanamientos, 20 detenidos y 6 millones de pesos secuestrados a partir de procedimientos que se llevaron a cabo en la cárcel de Villa María a lo que se sumaron operativos a cargo de la FPA en celdas del penal de Bouwer, en la capital provincial.
Tres funcionarios del Servicio Penitenciario de Villa María fueron detenidos en el marco de una investigación por una serie de estafas bautizadas por los investigadores como un «call tumbero», cometido por al menos 6 presos desde el interior
Se pudo conocer que presos tenían accesos a teléfonos y otros beneficios. Además, en los penales de Bouwer y Cruz del Eje se encontraron inhibidores de telefonía celular, entre otros elementos tecnológicos.
Se trata de una “asociación criminal dedicada a la estafa”, telefónica principalmente, y en el marco de esa investigación “se ha logrado reunir suficientes elementos para formular la sospecha sobre 20 personas hasta el momento”, que integraban esa organización delictiva, explicó el fiscal de Delitos Complejos del 1er. Turno, Enrique Gavier, a cargo de la causa.
Los tres detenidos están sospechados de favorecer la situación de los presos a cambio de dinero, mediante la confección de informes de conducta favorable, libertad transitoria y el ingreso se celulares, entre otros beneficios, sostiene la denuncia oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
¿Tiene impacto en San Francisco?
Por el momento, el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco se muestra en normalidad ya que no se han producido intervenciones en el marco de esta investigación judicial.
La jueza de Ejecución Penal, María Teresa Garay, en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO evaluó el panorama que se vive en el interior de la cárcel de nuestra ciudad donde, según comentó, “no se están produciendo los conflictos” que se denunciaron en esta investigación en otros establecimientos similares en la provincia.
- ¿Existe alguna relación entre la causa que se está tramitando en Córdoba y el penal de San Francisco?
Toda la investigación surge a partir de una denuncia que hace el Ministerio de Justicia a la Fiscalía de Delitos Complejos y a partir de allí se iniciaron actuaciones en Cruz del Eje, Bouwer y además se detuvo a varios funcionarios en Villa María. El Servicio Penitenciario estaba muy interesado en empezar a trabajar sobre esta problemática que generaba mucho malestar en la sociedad. Para eso se creó una unidad de investigación especial porque es muy difícil investigarse a sí mismo. Todo esto forma parte de un trabajo para transparentar la imagen de la institución y que realmente se investigue todo lo que pasa.
En San Francisco, todo el mundo se pregunta si los presos pueden o no tener celular. El Ministerio de Justicia, hace unos años, sacó una resolución autorizando a los internos que están en período de prueba a tener teléfono. En el Servicio Penitenciario de Córdoba tenemos un sistema progresivo donde el interno ingresa a su período de detención con una situación de mucha restricción y luego, si va realizando un buen tratamiento, va consiguiendo ciertas flexibilizaciones. En este caso, el Ministerio autorizó que se les pueda permitir el uso de celulares a internos en período de prueba, que en San Francisco son aquellos más avanzados en el proceso hacia la libertad condicional o la libertad asistida.
- ¿Cómo llega el detenido al período de prueba?
A través de evaluaciones semestrales realizadas por el Consejo Correccional del Establecimiento Penitenciario que va viendo si se cumplen los requisitos para pasar al período de prueba.
- Precisamente, una de las cuestiones que se están investigando en esta causa es saber si no se adelantaba ese procedimiento, generando privilegios a determinados presos.
Eso es objeto de investigación en esta causa. No obstante, en el ámbito de San Francisco solo están autorizados a tener teléfono dentro del establecimiento a los internos del período de prueba y con del Establecimiento Penitenciario N° 7, donde no tienen contacto con el resto de los internos del penal.
- No está permitida la tenencia de celulares dentro de la cárcel para el resto de la población, sin embargo, a veces esto ocurre. ¿Por qué se da esta situación?
Un teléfono puede ingresar por muchas vías. El Servicio Penitenciario sostiene que ingresa por la visita y más allá de la manera en que esto ocurre, lo serio es que hay una falla de seguridad. No tiene que ingresar ningún teléfono. En San Francisco, durante el mes de abril, se dio una situación puntual donde a partir de denuncias realizadas por procedimientos de otras provincias se realizaron allanamientos y encontraron en un pabellón unos 50 teléfonos. Cuando ocurren estas cosas tiene que ser objeto de investigación para determinar la causa que dio origen a esa falla de seguridad.
“No hay superpoblación”
“La cárcel de San Francisco es un establecimiento de mediana seguridad y tampoco tiene superpoblación. Actualmente, tiene un cupo que corresponde a su capacidad de alojamiento y oscila en alrededor de 440 internos”, informó Garay.
“Cuando yo llegué, la capacidad era de 250 internos y en estos años se hicieron muchas reformas para incrementar la capacidad de alojamiento. Esta cárcel fue pensada como un establecimiento de mediana seguridad donde, durante muchos años, no había cerco perimetral que se terminó de concretar hace cuatro años”, agregó la fiscal.
- ¿Cómo se encuentra la infraestructura edilicia de la cárcel de San Francisco?
Como parte interesada en este tema, siempre trato que la población se encuentre bien. Dentro de un establecimiento de la antigüedad que tiene este, que data de la década del ’70, y por el desgaste que genera el tránsito de internos es una cárcel que está bien y para eso se le hace mantenimiento constante. Por eso, creo que muchos internos de otras cárceles de la provincia quieren venir a alojarse acá porque está en buenas condiciones, es de mediana seguridad y hay controles judiciales permanentes.
LA VOZ DE SAN JUSTO
