Legislatura de Córdoba: el PJ aprobó una nueva ley de seguridad con el voto de legisladores “aliados”
En una sesión extensa y varias veces interrumpida por la falta de cuórum, el oficialismo logró la aprobación del proyecto del Ejecutivo provincial que establece una nueva ley de seguridad pública y seguridad ciudadana.
Tras dos días de debate en comisión, con la participación de expertos en seguridad, el PJ había conseguido llegar a la previa de la sesión con los 33 votos propios, y sumar algunos apoyos del radicalismo, del PRO, y de los “aliados” de los monobloques, como Karina Bruno, ex Juntos por el Cambio; Federico Alesandri (Creo en Córdoba); y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).
Sin embargo, la incorporación sobre la hora de un proyecto del Ejecutivo para aumentar los aportes de los agentes estatales tensionó el clima legislativo.
Esto derivó en que no participaran de la sesión el interbloque de Juntos por el Cambio y las bancadas de Encuentro Vecinal y de la izquierda.
Así, el PJ aprobó por mayoría una nueva ley de seguridad con menos votos de los esperados.
En este despacho por la mayoría, el oficialismo respetó el acuerdo realizado en las comisiones, en el que se incorporaron modificaciones a la normativa con puntos aportados por algunos legisladores de la oposición.
NUEVO INSTITUTO Y GUARDIAS LOCALES
Entre los principales puntos aprobados se estableció la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, el que tendrá en sus funciones “proponer programas de capacitación de los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada”.
Estas nuevas guardias de prevención formarán parte también de una herramienta que tendrán los municipios y comunales, siempre que decidan adherir a la normativa. Tendrán como finalidad “contribuir en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba”.
Estas guardias podrán, además, trabajar en acciones para “disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, y servir de auxiliares a la Policía”.
En la misma normativa se dejó plasmado también que el Poder Ejecutivo podrá proveer a los municipios que adhieran “vehículos equipados para tareas de vigilancia y patrullaje, así como armamento menos letal para el uso de los agentes locales, y asistencia técnica”.
Previo a esto, cada municipio podrá organizar su guardia y designar un funcionario responsable.
SERVICIOS PRIVADOS
Otro de los cambios en seguridad será la autorización de la gestión privada, a través de servicios tercerizados. En este caso, por ejemplo, el personal de las prestadoras de servicios de seguridad podrá utilizar “armas menos letales”, previa a una autorización del Ministerio de Seguridad.
Además, el sector público podrá contratar los servicios de estas empresas prestadoras de seguridad para la custodia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura.
CÁMARAS DE SEGURIDAD
Dentro de los cambios en seguridad se dará también la posibilidad que los prestadores de servicios de seguridad privada y los establecimientos que dispongan de cámaras de video vigilancia, instalados en espacios privados de acceso público que capten imágenes, deban “poner a disposición de la autoridad el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos”.
Otra de las novedades consensuadas fue también establecer como obligatorio para los funcionarios públicos y asesores la presentación anual ante el Ministerio de Salud de un certificado negativo, el que deberá estar expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto, “se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación a cargo del Ministerio de Salud”, y los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas.
Por último, se resolvió en la misma normativa crear nuevas fiscalías en la Capital cordobesa, como en el interior provincial.
El oficialismo sancionó, además, el recorte del 15 por ciento en los haberes de los legisladores y del 10 por ciento de los funcionarios.
LA VOZ
