Apross está terapia intensiva y buscan un “shock” para revertir el déficit
Brasa caliente. Críticas de todos los frentes: pacientes que se quejan porque deben esperar dos meses hasta conseguir turno con un especialista, porque hay profesionales que ya no los reciben o, si lo hacen, les cobran coseguro y hasta plus. Afiliados cautivos con ingresos diezmados y aportes obligatorios que pesan. Profesionales que reniegan de pagos que llegaron a estirarse 90 días, una espera imposible con una inflación de dos dígitos.
Clínicas que cobran en dos veces, sin entender exactamente qué se les liquida. Prestaciones reconocidas al 50% o menos de lo que paga una obra social sindical o una de estatales de otra provincia. Los gremios que plantean quejas por las deficiencias de la obra social provincial que atiende a 610 mil afiliados y es la más grande de la provincia.
Y en el medio, un cambio de administración, que impide que los recién llegados –por códigos políticos, acuerdos o lo que fuese– denuncien la herencia. Por todo eso, las fuentes de los datos que se consignarán en esta nota, si bien son oficiales, pidieron no ser identificadas.
Veamos. De la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) se sabe poco y nada. Los estados contables datan de 2020. La oposición en el Tribunal de Cuentas hace varias semanas que los reclama y pide auditar todo el gasto, no sólo lo que Apross quiere, que es seguridad y limpieza.
Es un organismo autárquico, con 500 empleados y un presupuesto para 2024 estipulado, en teoría, en 340 mil millones de pesos. Eso es más de los 298 mil millones previstos para el Poder Judicial y no tan lejos de los 420 mil millones asignados al Ministerio de Salud.
Desde diciembre pasado es presidido por Pablo Venturuzzi, abogado y asesor letrado del municipio capitalino en la gestión de Martín Llaryora y que también pasó por el Tribunal de Cuentas y el directorio de la Agencia ProCórdoba.
Desfinanciamiento
La obra social no escapa a la realidad que hoy castiga a todos los financiadores de la salud: ingresos atrasados frente a costos desenfrenados, especialmente en medicamentos. El 78% de las obras sociales sindicales no alcanza a cubrir el costo del Plan Médico Obligatorio, y las prepagas, que hasta diciembre estaban con precios regulados, incrementaron hasta 170% sus tarifas en apenas cuatro meses, con el argumento de que esa era la única manera de calzar sus costos.
Los gremios acceden a auxilios varios de Nación, lo que no ocurre con estas entidades provinciales.
Ergo, el primer objetivo con el que llegó la nueva administración de Apross fue el de incrementar los ingresos, vía un mayor descuento a sus afiliados. No está previsto por el momento un aporte adicional del Tesoro de la Provincia.
Al mes, Apross recibe el 15% de la masa de ingresos brutos de los activos y pasivos de la administración pública provincial, incluyendo los de los 427 municipios. A marzo, eso suma 25 mil millones de pesos al mes, computando los 1.200 millones que se agregaron luego de que se sumara un punto de aporte obligatorio de cada afiliado.
Así, el trabajador activo pasó a aportar del 4,5% al 5,5% mensual, más 3,5% del empleador, y el pasivo, del 5 al 6%.
También se aumentaron de manera significativa los aportes de quienes no son beneficiarios directos y se suspendió el 29 de diciembre pasado la posibilidad de afiliarse a la Apross, es decir, que la obra social provincial desapareció como alternativa entre las opciones de mercado. El argumento fue que, en promedio, hasta 2023 estos afiliados pagaban 18 mil pesos, menos de la mitad de lo que cuesta una prestación promedio.
Además, a quienes ya están afiliados de manera voluntaria se les subió el aporte antes, y ahora otra vez: desde el 1 de abril, entre 55 mil pesos (los menores de 18) y 132.300 pesos (más de 66 años). Es decir: dejó de ser barato. Cuesta menos que una prepaga, pero cuesta.
También existen los afiliados voluntarios indirectos, llamados también adherentes, que son quienes forman parte del grupo familiar de un afiliado directo de Apross. También se les volvió a aumentar: desde abril deben pagar 38.900 pesos al mes (menos de 18 años) hasta 92.600 pesos (más de 66 años).
Está en estudio la posibilidad de limitar las adhesiones: hoy un beneficiario puede afiliar a sus hijos, a los hijos de sus cónyuges, convivientes o contrayentes; a sus cónyuges y/o contrayentes, convivientes, excónyuges, nietos, hermanos a cargo del titular, padre y madre, abuelos, abuelas, madrastra, padrastro, yernos y nueras hasta los 26 años.
Eso debiera limitarse por ley, que no se descarta, pero por el momento el aumento podría actuar como disuasivo. El problema radica, según admiten los mismos gremios que agrupan a los estatales, en que hay una porción importante de trabajadores que trabajan pocas horas en el Estado y que suman un grupo familiar muy extendido, con aportes que no alcanzan para solventar los costos mínimos del sistema.
El ejemplo más común es el de los docentes: hay 18 mil que trabajan menos de 15 horas a la semana y que, en general, buscan trabajar para tener la cobertura de Apross.
Ya Raúl Gigena, administrador de Apross en 2015, había tomado idénticas medidas para enderezar los entonces deficitarios números de la entidad. La sensación generalizada en el sector es que en su último mandato, Juan Schiaretti le perdió pisada a la gestión de la entidad.
También se incrementaron los ingresos vía fondos específicos. El Fondo de Enfermedades Catastróficas se actualiza ahora todos los meses por inflación y hoy está en 5.587 pesos por afiliado. En marzo, se anunció la creación de otro Fondo –el de Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (Fosaet)-, de 4.472 pesos por afiliado, pero quedó en pausa.
El gobernador negoció con los gremios la suspensión, habida cuenta de que en la paritaria 2024 paga la mitad de la inflación.
Se estudian montos menores para salarios bajos, y más altos para quien cobra más.
Los gastos
El problema de fondo es que los gastos se dispararon y que, aun con todos estos incrementos de ingresos, el déficit de Apross ronda los 3.000 millones de pesos al mes, es decir, el equivalente al 12% de sus gastos. La recaudación del Fosaet, de unos $ 3000 millones al mes, fue pensada para subsanar el rojo y equilibrar las cuentas.
Hasta diciembre pasado, la situación era peor, al punto que había atraso de 12 meses con algunos proveedores, dificultades serias con otro y abandono de prestaciones con, por ejemplo, odontólogos y fonoaudiólogos. Se estima que el rojo equivalía al 20%, aunque no hay números oficiales.
La deuda atrasada en medicamentos se acaba de normalizar y Apross logró entrar en lo que se llama “pronto pago”, que permite acceder a descuentos si se abona dentro de los 60 días.
Justamente este es el rubro más gravoso: la entidad provincial destinaba, históricamente, entre el 30% y 33% de sus gastos a remedios y hoy estos se llevan el 50%. Son 12.500 millones de pesos al mes. Discapacidad insume 2.750 millones, y prestaciones, 9.000 millones.
De ahí, las clínicas reciben $ 5.100 millones, de los cuales $ 1.250 millones son para el Ferreyra y anexos.
Los medicamentos aumentaron 146% entre diciembre de 2023 y marzo pasado, según el Observatorio de Precios de Cosspra, la entidad que agrupa a las 24 obras sociales de provincias, aunque hace tiempo que vienen por encima de la inflación.
Por caso, en diciembre pasado la factura de oncológicos de alto costo de Apross estaba en 1.823 millones de pesos y pasó a $ 8.600 millones.
No alcanza la explicación de la suba del tipo de cambio, que fue del 115%.
Hay quienes en el sector se entusiasman con la apertura de importaciones y la intención de Javier Milei de dar batalla a los laboratorios. Habrá que esperar.
También se busca mirar con lupa los usos de esos oncológicos y algunas otras cuestiones, como el hecho de que 38 mil afiliados que también tienen Pami eligen atenderse por Apross, especialmente en los tratamientos de alto costo.
La Provincia busca que el Pami asuma una porción de esa cobertura.
Se negocia bajar de 60 a 45 días el pago con los prestadores: se conversa con anestesistas, para luego ir replicando. La entidad incursiona ahora en los convenios directos con los prestadores, sin pasar por una federación o asociación, como se está ensayando con los odontólogos: 225 ya se reincorporaron, pero de manera individual, lo que provocó severos malestares en las entidades colegiadas.
De manera casi artesanal, se busca reincorporar a prestadores del interior, en alianzas con consultorios gremiales.
En la entidad, indican que la consulta médica está en $ 4.500 más $ 2.500 de coseguro, lo que hace siete mil pesos. Osde paga $ 9.000.
En Apross reconocen que pagan menos que otros financiadores de la salud y que venían abonando tarde. A su favor, dicen que aportan volumen, lo que justificaría menor precio y que en este contexto recesivo nadie se puede dar el lujo de rechazar Apross.
No está previsto, por el momento, un mecanismo de actualización automática de honorarios y copagos, que son los ingresos de quienes efectivamente dan el servicio médico.
LA VOZ DEL INTERIOR
