Causa AFIP: Allanamientos por asociación ilícita fiscal: podrían descubrir operaciones «en negro» de dos municipios
na larga investigación de meses, instruída por dos fiscalías federales de la ciudad de Córdoba y la de San Francisco, disparó esta semana un megaoperativo de casi un centenar de allanamientos en diversas localidades de la provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, entre otros puntos del país.
El primer resultado que se informó es que hay al menos 29 detenidos como integrantes de una asociación ilícita fiscal.
A partir de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la investigación de las fiscalías Nº 1 y 2 de Córdoba y la de San Francisco analizan el proceder delictivo de un numeroso y extendido grupo al margen de la ley que desde 2017 emitía facturas apócrifas para evadir impuestos al valor agregado (IVA) y a las ganancias.
En Córdoba, la pesquisa nació en dos causas paralelas entre ambas fiscalías, que recientemente se unificaron y ahora comparten un requerimiento en común que se ha centralizado en el seno del Juzgado Federal Nº 1. Los fiscales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian trabajan juntos y es probable que las actuaciones continúen ahora a cargo del primero.PUBLICIDAD
La causa motivó decenas de allanamientos en buen número en la ciudad de Córdoba, pero también en gran cantidad en el resto de la provincia, como Jesús María, Saldán, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Devoto, Arias, San Francisco, Villa María, Villa Nueva, General Cabrera, Panaholma, Hernando, Malagueño, entre otras localidades.
Además, hubo procedimientos en la Caba y el norte del conurbano bonaerense, en localidades como San Isidro, Olivos y Bella Vista (San Miguel).
Asimismo, se realizaron operativos conjuntos en Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, por citar algunos otros puntos del país.
Hace más de un mes se venía preparando el operativo para lograr un accionar coordinado y simultáneo, con la administración de recursos humanos en plena pandemia y con las típicas dificultades de traslado. En la ejecución se contó con la colaboración de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los allanamientos obtuvieron numeroso caudal probatorio, en especial de computadoras donde está registrada la contabilidad de esas oficinas, en algunos casos de municipios. Hasta el martes por la tarde, las fiscalías de Córdoba concentraban 20 detenidos. PUBLICIDAD
Comunidad Regional Colón
Algo llamativo fue la intervención de las oficinas de la Municipalidad de Jesús María, durante el lunes pasado. Si bien ese municipio tiene una sede de Afip, fuentes directamente relacionadas con la investigación apuntaron que el objetivo del procedimiento no era esa comuna sino un organismo que hoy no tiene mayor vigor pero que tuvo mucha influencia en la región: la Comunidad Regional Colón, un ente intercomunal que coordinaba iniciativas y fondos de municipios de ese departamento ubicado en el «sombrero norte» de la capital provincial.
Las fuentes con directo acceso al expediente indican que se detectaron un elevado número de facturas truchas que son motivo de investigación porque no podrían justificar semejante movimiento de dinero sin comprobantes genuinos.PUBLICIDAD
En otros tramos de la causa, la evasión a la Afip con estas facturas falsas es hacia el IVA y Ganancias. Pero los municipios están exentos de estos tributos, por lo que surgen dos hipótesis investigativas que podrían motivar este movimiento de comprobantes irregulares.
Funcionarios relacionados con la causa indicaron a La Voz que los dos municipios sospechados por este elevado movimiento de dinero sin comprobantes que lo justifiquen son Saldán y Mendiolaza.
La hipótesis más «benigna» es que algunos proveedores les facturen a esos municipios con comprobantes que no son legales. Pero esta idea tropieza con la cifra muy elevada que ascendería a unos 10 millones de pesos, muy por encima de lo que estas comunas pueden manejar por estos conceptos «menores».
La otra hipótesis, siempre por especulaciones de investigadores de la Justicia federal, incluye dos supuestos: que se hayan usado estas facturas para justificar pagos en negro en la contabilidad o que haya pasado dinero por el municipio y se utilicen esos comprobantes truchos para disimularlo.
«Esto está siendo sometido a investigación», confió una de las fuentes judiciales a La Voz.
En San Francisco
Si bien las dos fiscalías cordobesas realizaron operativos en el departamento San Justo, independientemente la fiscalía de esa ciudad hizo los suyos, también en coordinación. En esta sede de la Justicia federal se ordenaron nada menos que 46 allanamientos, con el saldo de nueve detenidos y cuatro órdenes de detención a personas que hoy se consideran prófugas.
«La emisión de facturas apócrifas da lugar a una asociación ilícita fiscal», sostienen los voceros de aquella ciudad del extremo este provincial, en plena coincidencia con lo que manifiestan los capitalinos. «Se trata todo de la misma causa, porque actúan en red y emitían facturas truchas con el fin de evadir IVA y Ganancias», completó un funcionario de esa jurisdicción.
En San Francisco se allanaron nada menos que cinco estudios contables y, al igual que en otras oficinas, se secuestraron varias computadoras que serán analizadas. Como ahora la facturación es electrónica, lo que arroje la «desintervención» de esas «máquinas» y la determinación de sus «IP» será clave para establecer de dónde salían las facturas truchas. Esto develará las responsabilidades en el concierto de los delitos penales tributarios.
Fuentes policiales de San Francisco aportaron que, entre otros, se hicieron 16 allanamientos en esa ciudad, cinco en Devoto, cinco en Morteros, cinco en Rosario (Santa Fe), cuatro en la Caba, dos en la vecina Frontera y otros procedimientos en Rafaela, Isla Verde, Formosa y San Juan.
Además de los cuatro prófugos, al caer la tarde del martes se informó que ya estaban alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba los nueve detenidos en San Francisco. Ellos son Mauricio Pizzi, su esposa María Abtt, Diego Manzotti y Domingo Benzo, gerente del grupo cooperativo Mutual Devoto, estos cuatro de esa localidad; los contadores Omar Granelli y Agustín Granelli, hermanos ambos de Morteros, lo mismo que Pablo Barbieri; y los contadores Miguel Montali y Lucas Zoppetto, ambos de San Francisco.
Se estima que los nueve serían trasladados a San Francisco el próximo jueves, para su indagatoria.
LA VOZ
