Hotel Ansenuza: el TSJ rechazó que dos exlegisladores sean querellantes en la investigación por sobreprecios
El fallo fue dividido, por lo que A.So.Ma anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. Aida Tarditi, titular de la Sala Penal, votó a favor de incorporar a los exlegisladores como querellantes, y argumentó que «debe reconocerse el carácter de penalmente ofendido a las asociaciones que propendan a la lucha contra la corrupción y representen, de esa manera, a los ofendidos por tales actos; lo que resulta congruente con las disposiciones y recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción». La mención a esta convención abre otra ventana de queja: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, los otros dos vocales de la sala, Sebastián López Peña y Marta Cáceres de Bolatti, rechazaron esta postura. El voto de la mayoría, redactado por López Peña, sostiene que «la regulación provincial reconoce a la víctima la posibilidad de actuar en el proceso penal como acusador privado en el rol de querellante particular, siempre que se trate del ofendido penalmente por el delito, esto es, el titular del bien jurídico protegido por la norma penal y el afectado real». En ese marco, consideró que la admisión como querellantes «de personas jurídicas con intereses difusos, no se encuentra avalada por el marco legal vigente de Córdoba». En otras palabras, para López Peña, el querellante particular de este caso debería ser el propio Estado.
De esta forma, García Elorrio y Quinteros, quienes habían invocado legitimación de A.So.Ma. «por tratarse de una organización no gubernamental, cuyo objeto es la lucha contra la corrupción en la administración pública», quedaron excluidos del proceso penal.
García Elorrio, quien actúa como patrocinante de A.So.Ma. confirmó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y formalizarán «un pedido de juicio político contra López Peña y Cáceres de Bolatti, quienes debieron apartarse por elemental decoro». Para el exlegislador, ambos vocales «no estaban habilitados para participar de este expediente por haber sido funcionarios del mismo gobierno cuya corrupción estamos atacando», dijo al recordar el paso por el Poder Ejecutivo de ambos magistrados.
«Si la Corte Suprema no cambia este fallo vergonzoso, nunca se va a saber la profundidad de la corrupción que hay en Córdoba», agregó García Elorrio. La única instancia que puede otorgarle a ambos exlegisladores legitimidad de querellantes es la Corte; en caso contrario, la causa tiene como destino el archivo.
De acuerdo con el fallo publicado el viernes, Tarditti destacó que revocar el anterior, «sólo pretende legitimación para resistir el archivo de la causa ordenado por el fiscal instructor, para que, de esa manera, se continúe la investigación de los presuntos delitos denunciados».
La vocal entendió que «hay una afectación real y directa en los ciudadanos cuando se trata de actos de corrupción de cierta relevancia, que como tales tienen efectos socioeconómicos negativos y vulneran el sistema democrático de gobierno y los derechos humanos». «Sólo de esa manera se garantizará a las víctimas de la corrupción el debido proceso, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva», remarcó Tarditti.
Efecto dominó
Otras tres denuncias de A.So.Ma. correrían el mismo destino que esta que pedía investigar presuntos sobreprecios en la construcción, por parte de la Lotería, del hotel y spa Ansenuza. El efecto dominó haría caer tres expedientes en los que A.So.Ma., tras denunciar presuntos hechos de corrupción, fue impedida de actuar como querellante.
La primera, contra el actual juez de Control Gustavo Hidalgo, por su actuación como fiscal anticorrupción, cuando archivó tres denuncias por corrupción; la segunda, por la supuesta preferencia de antemano de Servicio y Consultoría –Kolektor– en la adjudicación del cobro de impuestos provinciales; finalmente, un pedido de investigación penal por la supuesta del pago de coimas por los gasoductos troncales a través de una cesión de acciones a la emrpesa Madero Urbana.
Cuando A.So.Ma. formalizó las denuncias, la exlegisladora Liliana Montero integraba la ONG, por lo que figura como querellante en esos expedientes. Sin embargo, renunció a la entidad tras su designación como funcionaria de Martín Llaryora.
LA VOZ
